La intervención del secretario de Administración local en la formalización de los contratos


La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, re-serva a los secretarios y secretarios-interventores la función de la fe pública en las entidades que integran la Administración local (art. 92 bis, 1.a) y 2.a) y c)).
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen ju-rídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, precisa en su art. 3.2.i) –norma básica según su disposición final primera– que dicha función comprende «actuar como fedatario en la formalización de todos los contratos, convenios y documentos análogos en que intervenga la Entidad Local».
La prevalencia de la especialidad del régimen local, en cuanto a la formalización del contrato, sobre la legislación que regula la contratación en sus diversas modalidades, es indiscutible.
De tal modo, la intervención de un funcionario facultado para dar fe en la formalización de los contratos de las entidades locales, que no existe en el resto de las Administraciones Públicas, ni en el de otras entidades del sector público, confiere peculiaridades que ha ignorado el legislador cuando se refiere a la contratación.

Texto completo en pdf: https://wp.me/a5flL5-cS

Anuncios

La estrategia de la tensión le sale mal al PSOE

El lunes 4 de marzo de 2008 el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, al término de la entrevista que le hace Iñaki Gabilondo, creyendo ambos los micrófonos cerrados, responde a la pregunta sobre los sondeos: «Bien, sin problemas, lo que pasa es que nos conviene que haya tensión».

La estrategia de la tensión del Partido Socialista Obrero Español no es nueva. Aunque acusó al Partido Popular de la crispación, y los medios de comunicación le sirvieron de eco, lo cierto es que son los socialistas quienes vienen practicándola desde que la derecha de Aznar puso en peligro su hegemonía.

Comenzó rompiendo el pacto de reconciliación –necesario para una transición pacífica a la democracia y para la convivencia en paz de los españoles– al presentar el bulldog como imagen de la derecha. Después, la radicalización del PSOE con Zapatero y Sánchez ha sido constante y progresiva. La aprobación de la llamada Ley de la Memoria Histórica, siendo presidente el primero, con el apoyo y aliento de la Izquierda Unida de Gaspar Llamazares, fue un hito importante, culminado por Sánchez al añadirle un párrafo sin el cual no podía llevar a cabo la exhumación y traslado de los restos mortales de Franco.

Con todo ello, el socialismo militante ha pretendido identificar al Partido Popular con la derecha franquista –inexistente, pues FE, JONS y Tradicionalistas son otra cosa y la CEDA de Gil Robles se apartó pronto de la dictadura– de cuyos crímenes se informa a la ciudadanía; y al mismo tiempo, aprovechando la coyuntura, lo ha presentado como el partido de la corrupción. De momento ha logrado lo que se proponía.

Pero no calcularon los dirigentes de la formación del puño y la rosa que su estrategia, llevada al extremo, podría originar una reacción de signo contrario, también radical. Así sucede que ahora surge una fuerza política sin complejos, llamada Vox, dispuesta a responder a los desafíos de la izquierda. Escindida del Partido Popular de Mariano Rajoy por la despreocupación de este ante los ataques y desprecios a las ideas, convicciones y valores tradicionales del cristianismo, del orden, de la unidad de España y del respeto a las instituciones, su éxito electoral en tiempos recientes no es sino el producto de veinte años de socialismo radical que practica la estrategia de la tensión.

Y se da el caso de que el Partido Socialista no puede ocultar las manchas que tiene en su pasado histórico, porque están en los libros de historia, al alcance de todo el mundo, como tampoco puede eludir que nuestra memoria colectiva recuerde su pasado reciente, con las condenas por los GAL, los fondos reservados, la cal viva de la que habló en el Congreso el nuevo Pablo Iglesias, la financiación delictiva del partido y los turbios manejos de fondos públicos por parte de sus líderes en Andalucía. Puede que algunos, ciegos, no pueden verlo, que otros no deseen saberlo, pero muchos van a aprender la diferencia entre la Ley de la Memoria Histórica, la Memoria y la Historia.

7 de octubre de 2019

El problema de nuestra democracia es otro

No es Franco ni el franquismo lo que pone en peligro la democracia. Ni la cierra la exhumación del dictador, como dice y quisiera Sánchez. Esto solo evidencia nuestro déficit democrático en libertad y pluralismo político. Mal que le pese al presidente en funciones, el gran problema, que pone en juego el fundamento mismo de la democracia, es el cumplimiento de la ley, que los poderes públicos deben hacer respetar a todos sin excepción. En Cataluña sin tardanza.

8 julio 2019.

La trampa

Éramos muchos los jóvenes estudiantes que, desde nuestros años de bachillerato y de universidad, declarábamos entre nosotros la aversión a un régimen dictatorial.

Formábamos grupitos disidentes jugando a conspirar. Rechazábamos cualquier libro, opinión o noticia permitido por la censura del régimen, por considerarlo tendencioso o falso, y buscábamos los prohibidos o clandestinos, dándolos por veraces.

Elaborábamos teorías y doctrinas de fe; aceptábamos experiencias limitadas transmitidas por familiares y amigos –idealistas de una causa que apoyaron sin vislumbrar por quiénes, cómo y a dónde eran conducidos–; creíamos en las comunicaciones boca a boca, a veces a través de panfletos y hojas clandestinas, o en las noticias de la radio extranjera, como la BBC o radio Pirineos, que más tarde advertimos parciales, llenas de errores, engaños y mentiras.

Con la perspectiva de lo que hemos aprendido en los últimos cuarenta años, cabe afirmar que nos desenvolvíamos en la ignorancia absoluta. El sistema, aunque alguien se sorprenda, ni siquiera nos hablaba de Paracuellos o del terror rojo, o de los crímenes bocheviques. La política de la dictadura trataba de evitar, simplemente, mediante una férrea censura, la información y opinión contraria al régimen. El proselitismo quedaba atrás: sólo la Falange, en los años cuarenta, lo practicaba para atraer a los jóvenes.

Así idealizábamos el socialismo y el comunismo. Simpatizábamos con el régimen soviético de la URSS, y en general con los regímenes comunistas. Hechos como la revolución cubana y el asesinato de Allende reafirmaban nuestras convicciones. El famoso poster del Che Guevara lucía en una pared de nuestra casa. Habíamos caído en la trampa. De ella saldríamos cuando peinábamos canas, y no todos.

Solo al instaurarse la monarquía, y con ella la democracia, pudimos formar opinión de la II República y de la Guerra Civil, valiéndonos de las obras publicadas al respecto, que aun debidas muchas de ellas a historiadores sectarios proporcionan hechos incontestables.

No nos importa cómo eran ni cómo son los otros, sino los que creíamos afines a nuestras ideas y convicciones políticas.

Sabemos una terrible verdad: los crímenes de los regímenes comunistas soviético y chino eran verdad, tan horrorosos y en mucho mayor número que los de los nazis y, desde luego, que los atribuibles a los franquistas en nuestra posguerra.

También conocemos que la II República no fue un remanso de paz, y que sea por los motivos que fueren se sublevaron contra su Gobierno legítimo, en 1934, parte de los socialistas y los comunistas. Luego, en 1936, con mejor suerte, los militares, falangistas, requetés y monárquicos.

Gracias al pluralismo informativo vemos, aunque tarde,  cómo los partidos comunista y socialista presentan su parcial Memoria, supuestamente Histórica, de ese pasado; cómo controlan y manipulan a los medios de comunicación, y cómo se comporta el partido socialista en sus turbios manejos de fondos públicos, malversaciones, tráfico de influencias, falsedades, GAL (torturas y asesinatos), negociaciones y pactos con ETA, ERES, cursos de formación, mentiras, engaños e incumplimiento de compromisos.

Y más que nada, observamos la traición del PSOE y del PCE (este en IU) al pacto de reconciliación de los españoles que inspiró la transición política y la Constitución de 1978, tratando de resucitar el odio y la división entre derechas e izquierdas.

Nuestra generación se movía entre la desinformación de unos y otros, entre la censura del régimen y los engaños de socialistas y comunistas en la clandestinidad. Los adolescentes y jóvenes de hoy pueden ver, leer y observar para informarse. Mas para ello tienen que preservar el pluralismo informativo y utilizarlo.

26 septiembre 2019.

Bloqueados

Pedro Sánchez necesita votos para su investidura; se los pide a quienes los tienen, y no se los dan. Se siente bloqueado, su investidura está bloqueada. Lo comprendo porque sufrí esa misma experiencia. Necesitaba dinero para construirme la casa en la que vivo. Lo pedí a un banco y me lo negó, acudí a otros y también me lo negaron. Todos bloquearon la construcción de mi vivienda. ¡Me ponían condiciones para darme el dinero! Tuve que transigir. Fue el único modo de tener mi vivienda.

Seguramente todos los que en los medios de comunicación acompañan en el sentimiento de bloqueo al presidente del Gobierno en funciones y su partido han sufrido igual experiencia.

La oculta honradez del P.S.O.E.

El P.S.O.E. siempre ha tenido dos clases de militantes y líderes, aparte de su ideología. Una, formada por idealistas honrados, con principios morales y éticos, que rechazan el engaño, la mentira, la violencia y el asesinato. Otra, de pragmáticos sin escrúpulos, para los que todo vale con tal de conseguir los objetivos del partido o sus ambiciones personales.

Besteiro es el arquetipo de los primeros. Era un marxista convencido y honrado. Marginado en el partido, sin cargos relevantes durante la guerra civil, se negó a huir al finalizar la contienda. Con dignidad y entereza vivió su destino a manos de los vencedores. Fue juzgado en Consejo de Guerra y condenado a cadena perpetua. Murió enfermo en la cárcel. De él casi nunca se habla, y solo es exhibido cuando conviene airear los valores que encarna su figura personal, con objeto de presentar la imagen noble del Partido.

En nuestra actual monarquía constitucional desempeñan puestos políticos de responsabilidad en municipios y provincias; pocas veces en cargos autonómicos, y casi ninguno en el Estado.

De los segundos tenemos ejemplos sobrados desde la Transición. Hemos podido observar lo que hacen, lo que dicen y lo que son, tanto si gobiernan como si no. Ocupan la primera fila en el partido. Desde Felipe González a Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez mandan en el partido, controlan los medios de comunicación y dominan las instituciones del Estado y las autonómicas. Nacieron pobres y descamisados, con cazadoras de pana, y hoy visten trajes y corbatas de lujo a la moda, poseen viviendas en los barrios elegantes y alternan con banqueros y potentados.

9 septiembre 2019.

El extremismo político

Se suele situar el nacimiento del extremismo político en el periodo de entreguerras, cuando fascismo, nazismo, comunismo y corporativismo toman el poder, respectivamente, en Italia, Alemania, la URSS y Portugal, y se implanta en España, tras de la guerra civil, la dictadura militar con tintes totalitarios. Todos ellos tienen en común la sustitución de la democracia por el autoritarismo, la subordinación de los derechos y libertades individuales a la colectividad representada por el Estado, la creación de un orden nuevo que exalta el nacionalismo y, a veces, como en Alemania, la raza, y la justificación y uso de la violencia para conseguir sus fines.

De tal modo, el extremismo de derechas o izquierdas adquiere un sentido peyorativo, cuyos rasgos más característicos son su rechazo a los procedimientos democráticos, su intolerancia o intransigencia y su justificación o empleo de la violencia.

Sin embargo, muchos de los nuevos partidos calificados como extrema derecha, surgidos en el panorama político europeo desde los años 80 del siglo pasado, aceptan las reglas del juego democrático, apoyan mediante pactos al Gobierno y no usan ni justifican la violencia. En cambio, los surgidos a la izquierda no suelen renunciar a la violencia, justificándola y practicándola en las manifestaciones callejeras, sin que por ello reciban aquella adjetivación.

Por consiguiente, denominar a los primeros extrema derecha o ultraderecha es infundio de los políticos instalados en los poderes públicos, secundados por los medios de comunicación afines, temerosos de que en buena lid les quiten votos, como de hecho está sucediendo, pues por su incompetencia, ambición personal, corrupción u otros motivos no han sido capaces de solucionar los problemas económicos y sociales de los ciudadanos, verdadera causa de la aparición de las nuevas formaciones.

4 septiembre 2019

La gestión indirecta de los servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017

Desde los inicios de la regulación de los contratos del Estado y de los entes locales, el de gestión de los servicios públicos ha sido, junto al de obras, uno de los contratos administrativos típicos.

Como consecuencia de nuevas tendencias, amparadas en la obligación de trasponer a nuestro Derecho interno las directivas de la Unión Europea, se ha producido una confusa legislación en la materia, que culmina con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La desaparición en esta ley del contrato de gestión de los servicios públicos se trata de compensar con una nueva configuración de los contratos de concesión de servicios y de servicios, ambos aptos para encargar a particulares la prestación de servicios públicos, pero creando una confusión de los conceptos tradicionales sólo imputable a quienes han producido el texto legal.

Texto completo en pdf: https://wp.me/a5flL5-ce

El radar no denuncia

Se ha generalizado en los ayuntamientos la práctica, utilizada por la Dirección General de Tráfico, de convertir en denuncia el exceso de velocidad detectado por radar.

El radar es un cinemómetro que puede medir el exceso de velocidad de un vehículo y emitir una fotografía con los datos correspondientes, pero eso no es una denuncia.

Señala el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en su artículo 86:

«El pocedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos».

Y en el  87.1 precisa:

«Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza».

En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, en sus artículos 3 y 4.1.

Como, evidentemente, dichos agentes, no observan el exceso de velocidad, ni mucho menos lo miden, no pueden denunciar.

Así pues, de acuerdo con la ley y el Reglamento, con los datos facilitados por el radar sobre la posible infracción por exceso de velocidad, solo puede incoar procedimiento sancionador la autoridad competente que tiene noticia de los hechos.

Esto conlleva determinadas consecuencias:

–La fotografía del radar se ha de incorporar al expediente y con ella la certificación o documento acreditativo de que el cinemómetro utilizado en este caso cumple los requisitos de homologación y verificación exigidos legal y reglamentariamente. Si no lo hace, el supuesto infractor tiene derecho a solicitarlo.

–De acuerdo con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la prueba ofrecida por el radar no se rige por la documental ni la testifical, al no ser una denuncia, sino con arreglo a la de reproducción de la imagen por instrumentos, sobre la que dispone en su artículo 382:

«1. Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso.

2. La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido.

3. El tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo según las reglas de la sana crítica”

Como es sabido los preceptos de esta Ley procesal relativos a la prueba son aplicables en los procedimientos administrativos y en el recurso contencioso-administrativo.

La degradación de los conceptos jurídicos

Por obra de la incorporación a nuestro Derecho de las directivas europeas y de un nuevo lenguaje procedente de los expertos en las tecnologías de la información y la comunicación, asistimos a un proceso, al parecer inevitable, que degrada los conceptos jurídicos elaborados por nuestros legisladores con la ayuda de la doctrina y la jurisprudencia, adecuados para construir un sistema jurídico coherente e inteligible, que está dejando de serlo.

Es patente que el Derecho de la Unión Europea ha tenido que asimilar el anglosajón, nada parecido al continental, y también el germánico, denso y profuso, en detrimento de las construcciones italianas, españolas y francesas, modelos de claridad, precisión y rigor.

También es evidente que la modernización de las Administraciones públicas conlleva la influencia, en ellas y en las leyes que rigen su actividad, de quienes admiran y desean introducir el modelo anglo-americano y minimizan o desprecian lo jurídico, imponiendo a administradores y administrados la eficacia, a través de las nuevas tecnologías.

Un ejemplo es el de la noción de servicio público, de cuyo significado suficientemente claro y preciso han hecho tabla rasa las nuevas leyes; otro, el de gestión. A ellos pienso dedicar un próximo artículo.

De momento, deseo citar al respecto la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que obliga a muchos ciudadanos a entrar en las sedes electrónicas de las Administraciones públicas para relacionarse con ellas, y la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que consuma el galimatías de su antecesora y a partir de ella nadie sabrá a ciencia cierta lo que es un contrato de servicios y un contrato de gestión de servicios.